Todo comenzó en el año 2010, la ciudadanía harta de los intentos de extorsión provenientes de las cárceles de la ciudad de México, agradeció que por fin se hiciera algo. El Gobierno Federal destinó una partida de más de 20 millones de pesos para que los centros penitenciarios de la Ciudad de México contaran equipos de Sistema de Bloqueo de Señal de Espectro Radioeléctrico.
Pero todo se torció muy pronto, pues la licitación la ganó una empresa que decidió dejarse "sin nombre" ante la sociedad por "motivos de seguridad", también de acuerdo con reportaje del Excélsior las autoridades capitalinas se negaron a dar una relación de los equipos que se instalarían, y cómo funcionarían, argumentando también cuestiones de "seguridad".
Desde entonces no ha quedado claro a quién le compete hacerse responsable de la instalación, mantenimiento y supervisión de los equipos, ya que de acuerdo con información de Animal Político al cuestionar al Gobierno Federal dicen que es de competencia Estatal, y al cuestionar a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario solamente revelaron el nombre de la empresa a la que fueron comprados Software DSI SA de CV y se supo que habían adquirido 155 equipos de bloqueo de teléfonos celulares por un monto de 24 millones 795 mil pesos, pero dijeron que al ser adquiridos e instalados por el Gobierno Federal desconocían otro tipo de información.
El caso es que en los últimos diez años se han decomisado más de 21mil celulares dentro de las cárceles de la Ciudad de México, y los casos de extorsión casi se han triplicado desde ser poco más de 300 en 2010 hasta los 911 detectados el año anterior.
Las extorsiones desde las cárceles son algo tan común, que incluso llegó a ser documentado el modus operandi en un video reportaje elaborado por Grupo Imagen, y otro reportaje del periódico español El País, cosa que nos pone en "vergüenza" a nivel internacional.
Ni los filtros de seguridad que según el grado de peligrosidad de los delincuentes va de uno a tres, son capaces de frenar el ingreso ilegal de unidades de telefonía móvil a las cárceles, esto pone en evidencia el alto grado de corrupción que existe en el personal que se supone está para resguardar nuestra seguridad, que son quienes "cuidan" que los "malos" no sigan haciendo maldades desde el cautiverio.
Pero al parecer nada funciona, y mientras tanto las llamadas de extorsión siguen efectuándose por decenas cada día, y la autoridad federal y estatal se pasan el asunto de uno a otro como si se tratara de una "papa caliente." O como diría el reconocido Jaime Maussan "nadie hace nada".
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