La licitación de la Red Compartida ha sido uno de los proyectos que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes ha llevado a cabo en los últimos meses, causando gran controversia en torno a los resultados de la asignación de los finalistas de su concurso.
Esto causo que Rivada Networks, el concursante descalificado, incluso iniciará un proceso de demanda ante diversas entidades en México al argumentar que estuvieron manipulados los resultados. Este hecho termino provocando que la SCT iniciará una demanda por daño moral en contra de ellos ante el Poder Judicial de la Federación.
Los argumentado dados por el consorcio de Rivada Networks para pedir que fuera revisado el proceso licitatorio fueron descartados por los jueces que revisaron el caso y en contra parte la SCT interpuso una segunda demanda como respuesta a la campaña de desprestigio que Rivada y su presidente iniciaron, después de su legal descalificación en el concurso de la Red Compartida.
Esta campaña de descrédito afecta el decoro, el prestigio y la reputación de la SCT, y de acuerdo con información de la Procuraduría General de la República, abogado del gobierno federal, es la primera que por daño moral presenta una dependencia federal
Así la demanda por daño moral que interpuso la SCT ante el Poder Judicial de la Federación tendrá tres grandes fines:
- Que un juez ordene cesar la campaña de desprestigio en contra de la dependencia federal
- Que Rivada pague una indemnización por su conducta ilegal, y
- Que obligue a Rivada a publicar en los medios de comunicación y redes sociales la aclaración por sus comentarios falsos e insidiosos
Aunque de momento Rivada ha comentado que no ha sido notificado de manera formal al respecto de la demanda interpuesta por la SCT en su contra, ha asegurado que esta dispuesta a enfrentar el proceso
El que un gobierno demande a un individuo o empresa por difamación, constituye un acto de censura en sí mismo e inhibe la participación del sector privado en cualquier contrato de Asociación Público-Privada por los riesgos que ello implica
Incluso en su sitio web ha publicado una serie de notas en los que intenta justificar la postura que tomará en tribunales, al comentar que la “soberanía y la seguridad nacional” se encuentran comprometidas por el otorgamiento de la concesión de la red compartida mayorista a favor del Consorcio Altán.
Los argumentos que ha presentado Rivada son ciertos y se basan en acciones concretas y testimonios bajo juramento, ordenados por un Juez. Por lo tanto, la empresa informa que mantendrá distintas acciones legales con el propósito de salvaguardar los derechos del mismo, así como de los mexicanos, que claramente, han sido engañados por el proceso conducido por la SCT y que resultará en la afectación de al menos 8.5 millones de personas de los sectores más desprotegidos del país.
Vía | El Financiero
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