En la Ciudad de México, y todo el país, hay una batalla bastante ardua por definir quien deberá ser la entidad encargada de implementar al 100% el bloqueo de la telefonía móvil en los Centros Penitenciarios, sin que hasta la fecha se haya definido un responsable en ejecutar y mantener el cumplimiento de está actividad.
Este vacío lo han aprovechado los delincuentes para que puedan realizar extorsiones con total libertad sin que alguien se ocupe realmente de los problemas de la sociedad que cae en las trampas de los delincuentes.
Hace unos días los Diputados del Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal mostraron los resultados de una investigación que realizaron para conocer el estado de seguridad de los centros penitenciarios de la Ciudad.
Encontrando muy particularmente en el tema del bloqueo de las señales móviles que se ha avanzado en el tema del bloqueo de redes móviles, pero hay zonas donde los delincuentes incluso disfrutan de los beneficios de las redes 4G.
El diputado Luis Mendoza Acevedo, que es integrante de la Comisión Especial de Reclusorios ha señalado que es necesario revisar la legislación en materia de Telecomunicaciones, porque los vacíos que existen en ella dan como resultado que ni el Gobierno Federal ni el de la Ciudad de México puedan obtener el compromiso de mitigar las extorciones en las cárceles de la ciudad.
Aunque ya existe un plazo para el bloqueo total de las señales, lo que se estaría buscando es que las antenas que se han instalado cumplan con las condiciones establecidas en el marco legal y que se obligue a los concesionarios de telefonía móvil a poner torres que inhiban la comunicación al interior de los Centros de Reclusión y a no instalar torres de comunicación en las cercanías de estos lugares.
El problema, como siempre es un tema legal, ya que las autoridades de la ciudad no cuentan con las atribuciones necesarias para exhortar a los concesionarios a que ayuden con la inhibición de las redes móviles, ya que esta atribución le corresponde al Sistema Nacional de Seguridad Pública y ellos han avanzado poco en este tema.
De acuerdo a comentarios que hizo el diputado del PAN, tras un recorrido a ocho centros de reclusión, donde visitaron el área médica, dormitorios, cocina, comedor, área escolar y de capacitación para el trabajo, encontraron que dentro de los dormitorios no se podían realizar llamadas vía celular pero sí registraron tráfico de datos vía red 4G LTE.
Esto debido a que en al menos tres reclusorios, identificaron torres de comunicación móvil instaladas en su periferia, lo que ocasiona intermitencia en el servicio de telefonía, misma que aprovechan los presos para comunicación de manera personal y también para realizar actos de extorsión.
Aunque los legisladores han dicho que desean establecer una comunicación más directa con los operadores de telefonía, difícilmente ellos podrán tomar una acción, sobre todo si no existe un marco legal que los obligue a bloquear las señales de datos en los centros de reclusión.
Mientras tanto, los reclusos seguirán aprovechando los vacíos legales que hay en nuestras leyes para seguir haciendo de las suyas, incluso cuando están presos.
Vía | ALDF
