El modelo de nacionalización del litio no es uno inventado por México. En realidad Bolivia comenzó con su propio plan hace 14 años y el objetivo de su ahora ex-presidente, Evo Morales, era muy ambicioso: tener para 2015 toda una industria de baterías y automóviles eléctricos en el país.
La nacionalización del litio en Bolivia ocurrió en 2008, dos años después de que Evo Morales se convirtiera en presidente. Aunque su industria debiera estar establecida siete años después, en pleno 2022 Bolivia no es un competidor en el mercado mundial de baterías de litio. En el camino se ha topado con obstáculos de todo tipo, desde falta de recursos, personal poco capacitado, desencuentros políticos e incapacidad tecnológica.
Ahora, el nuevo estimado oficial es que Bolivia por fin tenga una producción industrial de baterías para 2024 o 2025, diez años más tarde de lo inicialmente planeado.
Bolivia, rico en litio
Bolivia pertenece al "triángulo del litio", la zona geográfica compuesta por Argentina, Chile y el mismo Bolivia, en que se estima esté el 85% del litio del planeta. El Servicio Geológico de Estados Unidos asegura que en Bolivia hay 21 millones de toneladas métricas de litio, lo que le colocaría como el país con más litio del mundo.
A Bolivia le siguen Argentina con estimación de 19 millones de toneladas, Chile con 9, Estados Unidos con 6.8 y Australia con 6.3. A México se le estiman 1.7 millones.
Dada la enorme cantidad del litio en suelo bolivariano es fácil entender que su explotación se haya convertido en una misión cuya esperanza era sacar de la pobreza al país. El proceso lo detalla la especialista en relaciones internacionales, Agustina Sánchez, en un artículo publicado por el Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales. En él se lee que el proceso de explotación nacionalista de las gigantescas reservas que están en las salmueras del Salar Uyuni, comenzó en 2008 con la Ley Número 3720.
Salar Uyuni, en Bolivia
Ese mismo año se aprobó el Proyecto de Desarrollo Integral de Salmueras del Salar Uyuni y la puesta en marcha de una planta piloto para el procesamiento del litio. Una nueva constitución fue aprobada en 2009 en la que se incluyó que todos los recursos naturales del país serían considerados a partir de ese momento de interés público y carácter estratégico.
En papel el avance fue pronto, en la práctica no lo fue tanto. Cinco años después de la entrada en vigor de la ley, en enero de 2013, fue creada la Planta Piloto de Carbonato de Litio. Tomó otros largos cuatro años que se creara la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB por sus siglas), la responsable de toda la cadena de productiva del litio.
Diez años después de la nacionalización pareciera que Bolivia se dio cuenta de que la tarea era tan titánica que necesitaba de alianzas comerciales, así que Evo Morales anunció que sí permitiría la iniciativa privada en el proyecto del litio, siempre y cuando la administración y explotación corrieran mayoritariamente a cargo del gobierno.
Así, en 2018, Morales terminó por firmar con la empresa alemana ACI Systems, en un acuerdo que incluía que la empresa dotara de tecnología y financiamiento para la primera planta de producción de materiales catódicos. El que parece que sería el plan definitivo tuvo un nuevo contratiempo cuando Evo Morales dejó la presidencia en noviembre de 2019.
La carrera contra el tiempo de Bolivia
Evo Morales acusó que su salida se debía a un "golpe de litio", por el que empresas extranjeras interesadas en el mineral habrían confabulado para expulsarlo como mandatario. Luego, el propio ex presidente de YLB, Juan Carlos Zuleta, dijo en una entrevista con DW que la producción de la fábrica creada con ACI Systems era limitada principalmente porque el proyecto "se encomendó a personas que no tenían conocimiento ni experiencia".
En sus palabras "se usó tecnología inapropiada para las condiciones climáticas del Salar de Uyuni", lugar en donde están los depósitos más grandes de litio de Bolivia, y criticó abiertamente el acuerdo por ser uno "entreguista", con todo y que Bolivia conservara el 51% de la producción.
Justo antes de su salida el trato con ACI Systems fue paralizado por el propio Morales. Sin embargo, un informe del gobierno de Bolivia detalló que para 2020 en la planta de inversión mixta ya se producían 6,000 baterías al año. El número es uno insuficiente para colocar a Bolivia como vendedor internacional de baterías, pero la apuesta seguirá siendo por el proyecto con inversión extranjera; el actual presidente, Luis Arce, anunció en 2021 que Bolivia retomaría conversaciones con Alemania con miras en que por fin el país pudiera escalar la producción y comercializar baterías.
Con ese proyecto, que pareciera sería el definitivo de una vez por todas, el plan es que Bolivia produzca baterías a nivel industrial en otros dos o tres años más. Si el plan funciona a la perfección Bolivia será un competidor real en la venta de baterías hasta 2024 o 2025, según su propio viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Álvaro Arnez.
El caso es que, entre tensiones, indecisiones políticas y señalamientos de personal poco preparado, Bolivia lleva 14 años desde la nacionalización del litio y sigue sin ser un competidor en el mercado de baterías. El problema es que, en tanto pase más tiempo, el futuro de las baterías ion-litio se pronostica más incierto. Bolivia ya produce industrialmente carbonato de litio, cloruro de potasio y sulfato de potasio, pero no baterías de iones-litio, un mercado que se estimó en 7,000 millones de dólares en 2018 y se prevé aumente a 58,000 millones de dólares para 2024, según la Organización de las Naciones Unidas.
Incluso si el pronóstico más halagüeño se cumple, Bolivia definitivamente se habrá perdido de la ventana de crecimiento del mercado de baterías de litio.
Después del 2024 el futuro del mercado de baterías de litio es todavía más difícil de pronosticar, cuanto más si se considera que varios fabricantes dicen tener desarrollos de baterías de estado sólido para vehículos eléctricos. Entre las ventajas de la nueva tecnología tras baterías está el que son más baratas de producir y por tanto reducirían también los costos de los autos eléctricos.
Mientras el futuro no se ve claro, el pastel de las baterías es de alguien más. El país que más produce litio en el planeta no es Bolivia o ningún otro país sudamericano, sino Australia, el quinto lugar en reservas de litio. Solo en 2019 sus exportaciones fueron de casi 1,600 millones de dólares y la gran mayoría se destina a China. En toneladas, Australia produjo 40,000 toneladas métricas en 2020 mientras que Bolivia no figura en los primeros siete países, según cifras de statista.
Producción de litio en 2020 por toneladas
México puede aprender del camino de Bolivia
México tiene una serie de ventajas que Bolivia no. Bolivia es un país de 12 millones de habitantes en el que, según dijo a The New York Times Robert Mintak, director ejecutivo de la empresa especializada en litio, Standar Lithium, no hay mano de obra, tiene muchos riesgos políticos y al no contar con salidas al mar se dificultan las tareas de exportación.
México es solvente en varios de esos temas. Esencialmente comparte con Bolivia los problemas de capacidad tecnológica y procesamiento e industrialización del litio. Si México cierra alianzas estratégicas en esos temas podría aventajar los diez años que le tomó a Bolivia cerrar esos acuerdos. El principio no es diferente. México carece de las tecnologías necesarias para el procesamiento del litio y el problema se ve acentuado con un detalle técnico: en México el litio encontrado en la mina de Sonora es uno mezclado con arcilla, lo que vuelve al proceso particularmente complejo.
La propia ex-secretaria de Economía, Graciela Márquez, aseguró en octubre del 2020, cuanto todavía ocupaba el cargo, que el proceso para extraer litio en México "no es eficiente", principalmente porque el litio encontrado en la mina de Sonora está mezclado con arcilla. La declaración coincidió con que el presidente dijera, también en 2020, que en México no se preveía que el gobierno explotara el litio porque sería un proceso muy caro. "Esto tendrá que hacerse con la participación de la iniciativa privada porque requiere de presupuesto", dijo.
No queda claro qué ha pasado en el camino para que, dos años después, las decisiones sobre el litio sean totalmente otras. Tampoco queda claro si, tal y como está escrita la ley minera, habría espacio suficiente para cerrar acuerdos de colaboración con empresas extranjeras tal y como ocurrió en Bolivia, siempre que se mantuviese la participación mayoritaria del estado. Si fuera así el caso, cierto es que México todavía enfrentaría el reto de generar alianzas transparentes para no tener cuestionamientos relacionados con incapacidad técnica de las empresas (al estilo de lo que pasó con ACI Systems) o sobreprecios (al estilo de lo que pasó entre Bolivia y China).
De una u otra forma, México tiene una carrera contra reloj que hace palidecer la que tiene Bolivia. El país sudamericano ya tiene convenios con empresas extranjeras y ha reconocido que su capacidad técnica no es suficiente para generar una industria del litio. Tras la nacionalización en México habrá que esperar si ese reconocimiento ocurrirá pronto o si hasta en ello el caso de Bolivia será profeta.
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