Gary Bowser, un hacker canadiense deberá pagar a Nintendo 10 millones de dólares para resolver una demanda civil de piratería.
Según la sentencia presentada el 6 de diciembre por la noche, Bowser de 51 años de edad montó un negocio en el que vendía consolas modificadas para jugar videojuegos piratas y al trabajar con la empresa "Team Xecuter", "participó con conocimiento en un negocio cibercriminal en el que hackeaban las terminales" desde 2013, donde se dedicaban a eludir las medidas de seguridad de la Nintendo Switch.
Además de esta sentencia, Bowser también fue condenado en el mes de octubre pero en un caso federal en donde debía pagar cuatro millones y medio de dólares y cumplir una pena de hasta 10 años, donde Gary admitía haber "desarrollado, fabricado, publicitado y vendido una variedad de dispositivos que permitían a compradores jugar versiones piratas de títulos con copyright, o ROMs", obteniendo un beneficio por las modificaciones.
Este caso que ha durado varios años, alcanzó su punto más alto cuando el gobierno de los Estados Unidos presentó cargos federales contra Bowser, que había sido arrestado en Republica Dominicana en octubre de 2020, donde se cree sigue al menos uno de sus socios.
Además el acuerdo civil también señala que Bowser deberá entregar todos los registros en línea o nombres asociados con Team Xecuter a Nintendo y le prohíben infringir "directa o indirectamente" los derechos de autor y otra propiedad intelectual de Nintendo, incluso emular los juegos de la compañía.
Otra demanda ganada para Nintendo
Durante los últimos años Nintendo se ha dedicado a defender su propiedad intelectual buscando reducir sus pérdidas económicas y yendo contra aquellos sitios populares de ROMs para juegos antiguos. Estos sitios derivado de las demandas o amenazas en su contra deciden cambiar sus nombres o hasta destruir sus archivos con la intención de evitar multas o hasta procesos judiciales.
Uno de los casos más conocidos es el de RomUniverse, contra el que Nintendo presentó una demanda multimillonaria al señalar que estaba construido sobre una "infracción descarada y a gran escala". En esta ocasión la compañía buscaba una indemnización de 150,000 dólares por cada infracción de derechos de autor y hasta dos millones de dólares por cada infracción de marca registrada.
Otro de los ejemplos más recientes es el del torneo de Super Smash Bros. Brawl mod Project+ que fue cerrado por Nintendo tras llamar su atención que para la competición se usaría un mod no autorizado para mejorar el juego y agregar contenido adicional.
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