Quintana Roo quiso obligar a Uber Eats a someterse a solicitar permisos, obtener una declaratoria de sostenibilidad y pagar al estado un porcentaje del costo total de cada reparto.
La añeja discusión sobre cómo regular a Uber y Uber Eats parecía haber encontrado calma con la nueva ley de movilidad emitida en Quintana Roo, pero Uber Eats volvió a tribunales y ha conseguido una victoria temporal. Uber Eats consiguió un amparo contra la recién aprobada ley de movilidad, así que ahora podrá funcionar sin tener que someterse al régimen de permisos y tampoco pagar 1.5% del costo total de cada viaje.
La relación entre Quintana Roo y Uber lleva siendo ríspida desde hace cuando menos un lustro. En la modalidad de viajes, Uber obtuvo la victoria anhelada cuando consiguió en enero pasado un amparo para que sus socios conductores no deban ser contemplados por la ley como taxistas regulares.
Pero, a la par, una reforma ya se gestionaba para cobrar hasta 2% de cada servicio, dinero que debería destinarse al Fondo de Movilidad de Quintana Roo.
Sobre la ley, los repartidores organizados de 'Ni Un Repartidor Menos' declararon que incrementaría sus costos, al igual que los de consumidores y comercios. "La medida genera una distorsión en la cadena de valor, lo que encarece precios y afecta la competitividad de los comercios", dijeron cuando la iniciativa circuló en enero del 2023.
Para Uber Eats, la nueva ley de movilidad implica una "barrera para la creación de oportunidades para que los socios repartidores registrados puedan seguir generando ganancias", según dijo Nicolás Sánchez, director de asuntos públicos de Uber Eatsdeclaración retomada por El Economista. Con el amparo, los socios repartidores no deberán ser obligados a tramitar un registro ante autoridades y deberían poder seguir trabajando como hasta ahora.
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