El diputado Salvador Zamora Zamora, del partido Movimiento Ciudadano, ha presentado una iniciativa con la que pretenden que las aplicaciones móviles contribuyan al gasto publico grabándoles un impuesto especial.
De acuerdo al diputado este podría ser el primer paso para que las nuevas tecnologías contribuyan al desarrollo nacional, y a su vez se coloquen las bases para regular el comercio electrónico en México.
Esta iniciativa ha provocado que diversas entidades levanten la voz ya que el planteamiento para modificar la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), iría de la mano de cargar un costo del 8% adicional al software comprado a través de dispositivos móviles.
Anteriormente ya habíamos platicado de la postura de varios expertos al considerar al IEPS como un impuesto sin mucho sentido, por lo que ya se busca había empezado a buscar su eliminación, al menos para los servicios de telecomunicaciones, en particular de Internet.
Sin embargo, la postura del Diputado Zamora buscaría que los compradores de las Apps contribuyan “al desarrollo nacional, a la protección del medio ambiente” obligándolos a pagar un 8% adicional si es que adquieren software que no sean de origen mexicano.
Respaldamos el uso de estas nuevas tecnologías porque contribuyen al desarrollo nacional, a la protección del medio ambiente y a una mayor oferta de productos y servicios, sin embargo, esto no implica dejar de cumplir con las obligaciones fiscales. (La iniciativa) no va dirigida ni a los usuarios ni al desarrollador, sino a quien gana sin pagar un solo impuesto, en este caso sería para los dueños de aplicaciones, particularmente quienes están en el extranjero y no están constituidas en México y ven un paraíso fiscal al vender estos productos o servicios
Al respecto algunos expertos, como Antonio Sánchez Sierra, investigador del Departamento de Administración e Impuestos de la Universidad de Guadalajara han señalado que la propuesta sería inviable, ya que el gravar con este impuesto a las aplicaciones señaladas consistiría en invadir las fronteras mexicanas, algo para lo que no están facultadas las leyes fiscales de México.
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