Desde el pasado 28 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó modificaciones legales con los cuales se buscará condenar a prisión a quien haga mal uso de la tecnología, el cyberbullying, hacking y cracking, serán los delitos que pudieran ser perseguidos por ley.
Si un individuo o grupo de ellos en algún momento accede a un sistema informático ajeno a ellos, sin autorización, aunque no haga daños ni modificaciones, será considerado como delito informático, de acuerdo a lo mencionado en la reforma al artículo 211 del código Penal Federal.
En caso de aprobarse los siguientes actos serían considerados como delitos:
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Revelación de secretos: A quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en prejuicio de otro, información, conversaciones o mensajes de texto, imágenes o archivos de voz, contenidos en sistemas o equipos informáticos.
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Cracking: Acceso no autorizado a sistemas y equipos informáticos con penas que van de entre 3 y 12 meses de prisión a quien acceda, modifique, destruya o provoque perdida de información contenida en los sistemas.
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Hacking: Que consiste en ingresar a un sistema informático sin daños, será penado con 12 meses de prisión y 100 a 150 días de salario mínimo (más de 9,300 pesos) de multa a quien sin autorización conozca o copie la información contenida.
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Cyberbullying Amenazas e intimidación a través del uso de imágenes, fotografías o textos de otros como forma de chantaje
Entre las modificaciones al artículo 211 también se tipifica el acto de contactar victimas por internet para generar relación de confianza o amistad.
Fuente | Matuk
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3 comentarios
alexoyervides
me preocupa mucho la "revelacion de secretos" no sea que por ejemplo, graben a un politico corrupto y este haga valer esta ley
ardilla_del_mal
Osea que de segro a un nini de algun diputado le robaron su cuenta de face-tuitter y por eso dicha ley...
Mhe
Usuario desactivado
Osea que se están protegiendo de por ejemplo: Anonymous.
Sorry. No es que no confíe en los políticos mexicanos, pero las acciones pasadas de la gente de su calaña me obligan a creer que no necesariamente piensan en el bien común al formular/reformar cualquier ley, aun si los efectos secundarios de estas puedan afectar benéficamente a terceros.