Sí, la 'biopiratería' existe, y se trata de extraer material biológico de una especie sin consentimiento. En México las especies de la flora y fauna silvestres son patrimonio de la nación, por lo que toda universidad, organización o persona nacional o extranjera interesada en recolectar material biológico para fines científicos o comerciales debe solicitar una serie de trámites.
Pero esto podría no haber pasado a cabalidad recientemente.
Las universidades Davis de California y Wisconsin-Madison en colaboración con la empresa Mars Inc. (a cargo de marcas como Milky Way y Whiskas) llevan algunos años acercándose a indígenas en la sierra en Oaxaca para levantar material de al menos tres variantes del maíz que se cultivan ahí. La propia Sermarnat daba cuenta de ello en agosto, cuando dio a conocer que bajo el Protocolo de Nagoya, los investigadores extranjeros investigaban variedades de maíz nativo que tiene la capacidad de aprovechar el nitrógeno como ningún otro.
El nitrógeno es esencial para el crecimiento de maíz, tanto que hay fertilizantes que le usan para potenciar su crecimiento. Pero, al parecer, las especies 'maíz rojo', 'piedra blanca', y 'llano', son especialmente buenas tomando nitrógeno del ambiente, por lo que su crecimiento es notable.
Es esa característica la que estaría siendo investigada, de acuerdo a la Semarnat en su comunicado, con el "consentimiento informado previo" de la comunidad indígena Mixe, quienes deberían, por norma, ser acreedores de los beneficios que la investigación arroje.
Ahora la investigación ha visto la luz en Plos Biology Journal, y aunque los hallazgos son sorprendentes (el gen podría ser utilizado para replicarse en otras variantes de maíz y así disminuir el uso de fertilizantes), quedan dudas sobre la rigurosidad del proceso de extracción de material biológico en Oaxaca.
Las inconsistencias
Animal Político se ha dado a la tarea de comprobar el procedimiento que ha debido seguir la empresa y las universidades para la recolecta de material biológico, para lo cual ha considerado que este debe ser el señalado en la Norma Oficial Mexicana 126-ECOL-2000, en donde se establece entre otras cosas, que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales es la responsable de emitir el permiso correspondiente, que una copia de las muestras obtenidas deben compartirse con una institución científica mexicana, y que, anualmente, deben presentarse ante la Semarnat informes detallando lo que hace con el material biológico obtenido.
Nada de eso habría pasado, pues la publicación web ha contactado a la Semarnat para conocer sobre los permisos. La respuesta ha sido tajante: ni se cuenta con ningún informe, ni las muestras fueron compartidas.
El argumento de Semarnat es que se trata del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) la instancia que debe expedir el compromiso correspondiente.
El problema es que en su momento, de acuerdo con documentación oficial que Animal Político tiene en su posesión, en su momento la dependencia de Sagarpa solicitó a la Semarnat se pronunciara sobre la solicitud del permiso. La respuesta de la Semarnat fue que el asunto no era de su competencia.
Al tema se le añade el de la cronología. De acuerdo al artículo la recolección de material habría comenzado en 2006, pero la expedición del permiso sobre el que hubo inconsistencias respecto a qué instancia habría de darlo, corresponde al 2015, nueve años después.
¿Y los beneficios para las comunidades?
El Protocolo de Nagoya es un acuerdo entre países para conformar alianzas que faciliten proveer de recursos genéticos. Se trata de un instrumento propuesto por México en 2002, en donde se da garantía de que las comunidades indígenas y sus conocimientos ancestrales deben se respetados en el intercambio de recursos.
No solo las comunidades indígenas serían actores prioritarios en la decisión sobre el aprovechamiento de recursos, sino que deben ser beneficiados de su uso.
La Semarnat ha indicado, al igual que Mars.inc, que el protocolo ha permitido la colaboración entre países, y que los indígenas han formado parte fundamental del proceso. Sin embargo, la Semarnat ha indicado que al tratarse de un acuerdo "entre particulares" no avaló el intercambio, de manera que no sabe cómo se obtuvo o qué se ofreció a cambio del permiso que debió haberse dado.
De igual forma la Sagarpa indicó que dicho acuerdo "no requiere ratificación" por parte de alguna instancia.
Mientras tanto, el posicionamiento oficial de la empresa solo indica que una comunidad de la sierra Mixe sí dio su consentimiento, pero que no daría a conocer el nombre de la comunidad por respeto a su privacidad. Eso sí, indicó que el acuerdo se estableció con un gobierno municipal, y no con un particular como la Semarnat presupone.
Al final el resultado es el mismo: no hay manera de constatar los beneficios alcanzados por la comunidad, y las instancias de orden federal no establecieron un mecanismo para anticiparse a ello y certificar el consentimiento de las comunidades indígenas en la sierra Mixe de Oaxaca.
