Los conductores de Uber que están operando en Cancún lo hacen "al margen de la ley", dijo la secretaría de Gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres, en una declaración que retoma Quadratin Quintana Roo. Su dicho llega a abonar un poco más a la incertidumbre del conflicto entre taxistas y conductores que ya provocó una alerta por parte de la embajada de Estados Unidos.
A decir de la secretaria, el gobierno del estado no ha recibido la notificación del fallo judicial que le concedió a la razón a Uber en la que se resolvió que conductores no deben operar bajo el esquema de concesiones al no ser un servicio público. El tema de fondo es que, a decir de la secretaria Torres, eso hace que Uber vuelva al área gris en la que funcionaba y nuevamente no tiene regulación alguna para operar.
Lo que sigue será mucho, mucho más complicado. Torres dijo que el gobierno del estado debe comenzar de nuevo a preparar una regulación, exactamente lo que comenzó a ocurrir en 2016, pero para ello primero necesita recibir la notificación del fallo judicial. Eso hace que, en la práctica, Quintana Roo vuelve a su posición de partida de hace siete años ya.
El camino a seguir ahora es más incierto puesto que no queda claro cómo se regulará a Uber dado que el gobierno del estado ya no podría encasillarle en el esquema de concesiones.
En tanto el papeleo ocurra, la violencia en Cancún sigue. Hace días taxistas dijeron a Milenio tener que pagar derecho de piso por hasta 30,000 pesos por poder operar en la zona hotelera. Luego, la embajada de Estados Unidos dijo que documentó casos de violencia a conductores de Uber en los que resultaron "lesionados" turistas extranjeros. La secretaria Torres sí dijo que la falta de formalidad no significa que los actos de taxistas estén justificados, "no tenemos por qué llegar a excesos que lastimen al destino".
