Imaginas contar con la concesión para ofrecer en México los servicios de cuádruple play y no poderlos comercializar a causa de las regulaciones que existen y múltiples trabas que el mismo gobierno impone.
Así ha sido la historia de Tele Fácil, empresa de inversionistas de origen mexicano y estadounidense que desde el 2013 obtuvo su título de concesión para el uso de una red pública por 30 años pero que a la fecha no ha podido ofrecer los servicios de telefonía fija, móvil, internet y TV por cable a causa de diversas trabas puestas por Telmex y el mismo gobierno.
La concesión que obtuvo en el 2013 le permite a Tele Fácil ofrecer los servicios mencionados en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y el municipio de La Soledad en Zapopan, Jalisco. Sin embargo, no ha lograrlo hacerlo porque no puede interconectarse a la red de Telmex.
La compañía desde agosto del 2013 negoció con Telmex eliminar los costos por portabilidad y la interconexión que implicaba, sin embargo, las empresas de Carlos Slim no cumplieron el acuerdo, obligando a Tele Fácil pedir apoyo del IFT, quien resolvió “obligar” a Telmex a ofrecer el servicio. Al final, Telmex solo ofreció un contrato por 20 días, a pesar de que la legislación lo obligaba a proveerlo por tres años.
Después de eso, según información que presenta el diario El Financiero, en el 2015 el IFT determinó que no podía ayudar a la gente de Tele Fácil ya que sólo tenía competencia como regulador en interconexión y portabilidad, pero que en lo que correspondía al convenio entre ambas empresas no podía resolverlo.
Esto ha obligado a la compañía a interponer una demanda en contra del Gobierno de México por 500 millones de dólares más intereses por las pérdidas que la compañía ha tenido, al considerar que existieron diversas omisiones por parte del IFT impidiendo que se pueda obligar a Telmex para proveer el servicio que por ley debe proporcionar.
(Los) demandantes solicitan una indemnización por daños derivados de infracciones al Tratado de Libre Comercio por un monto aproximado de 500 millones de dólares, más los intereses calculados a partir de la fecha de la infracción hasta el pago, así como los costos del arbitraje, honorarios de abogados y otros gastos”
Ahora queda esperar la resolución por parte de los tribunales, quienes deberán determinar si el Gobierno Mexicano ha violado el Tratado de Libre Comercio al impedir que la empresa iniciase operaciones y si también dio preferencia a Telmex para impedir que Tele Fácil iniciará operaciones.
Más información | Forbes
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