En las últimas semanas hemos visto que el IFT se encuentra organizando las frecuencias de radiocomunicación para lograr un mejor aprovechamiento del espectro y el siguiente paso consistirá en detener a todos aquellos que transmitan señales de manera ilegal.
Para este fin el Instituto ha iniciado una campaña denominada “Se busca por robo” pero después de varios días de operación diversas organizaciones de comunicación comunitaria se han declarado en contra debido a que se considera viola los derechos humanos.
Aunque se ha considerado que la campaña del IFT va en contra de las señales transmitidas en las comunidades indígenas, Edgar García Turincio, coordinador general de Comunicación Social el Instituto aseguró que las estaciones que en realidad buscan detener son aquellas que transmiten sin ningún permiso, y jamás estarán en contra de las que transmiten información de manera comunitaria.
Dado caso que el Instituto detecte estaciones que transmiten sin permiso y que incluso puedan llegar a interferir con otras señales de radiofrecuencia procederá de acuerdo a la Ley Federal de Telecomunicaciones; es decir, incautando todos sus bienes.
La controversia sobre las señales comunitarias
Desde el pasado 23 de marzo que empezó a operar esta campaña, se ha dicho que el IFT esta buscando que las señales se regularicen para evitar así algún problema o interferencia con otro tipo de señales, como las de comunicación de los sistemas de seguridad.
Sin embargo, algunas organizaciones se han declarado en contra de esta iniciativa al considerar que la campaña “Se busca por robo” viola los derechos humanos, sobretodo porque no todas las estaciones de radio que operan en el país se encuentran reguladas y varias de ellas no cuentan con el presupuesto para obtener dicho permiso, lo que ocasionará que muchas deban cerrar.
Por lo tanto se ha sugerido que el IFT destine a los medios comunitarios e indígenas 1% de su presupuesto para comunicación social y publicidad.
Exhortamos al IFT a conducirse acorde con las obligaciones, principios y valores de legalidad e imparcialidad, eficiencia, certeza, objetividad y respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto Orgánico del IFT, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos, el Código de ética de servidores públicos del gobierno federal y las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública, evitando la promoción de información falsa que pueda alentar violaciones a la libertad de expresión
Si bien, todavía no hay una respuesta oficial, pero ambos argumentos son válidos y en caso de lograr un consenso entre el órgano regulador y los operadores que deseen transmitir sus señales en las diversas zonas del país.
Vía | El Universal
