El espionaje en México es un tema delicado, tanto porque sabemos que existe como porque todos los esfuerzos por hacerlo -más- evidente son siempre frenados por distintas trabas, justo como sucede ahora con el caso del Centro de investigación y seguridad nacional (CISEN) y el espionaje a ciudadanos llevado a cabo hace algunos años.
La Red de Defensa de los Derechos Digitales (mejor conocida como R3D, ha dado a conocer que en respuesta a su solicitud de hacer del conocimiento público el número de dispositovs y personas que el CISEN espió en 2014, la Secretaría de Gobernación ha solicitado un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que esta información continúe sin ver la luz.
De acuerdo con la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, dar a conocer esta información "podría tener implicaciones en la seguridad nacional", a pesar de que en mayo pasado el Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información, y protección de datos personales (INAI) determinó, tras la solicitud de R3D, que esta información es de carácter público, y por tanto debe darse a conocer.
Luis María Aguilar, presidente de la SCJN, aceptó el pasado 4 de agosto el amparo de la consejería y por tanto la divulgación de la información quedó suspendida en espera de que la Suprema Corte tome una decisión definitiva.
Es importante mencionar que la información que se solicita es meramente estadística (número de personas y dispositivos intervenidos) dejando de lado nombres y situaciones bajo las cuales el CISEN actuó, por lo cual el alegato de "atentado contra la seguridad nacional" se considera un pretexto por parte de la consejería para no dar a conocer esta información, y así no revelar qué tan grande es el espionaje gubernamental.
Imagen | Flickr
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