Las irregularidades en el gobierno mexicano no son cosa extraña, lamentablemente. En esta ocasión un nuevo episodio de esta tragico-novela se escribe, involucrando nuevamente a la Secretaria de Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). ¿La trama principal de este episodio? Irregularidades en las entregas de televisiones digitales a personas de escasos recursos.
Recapitulando un poco, como parte del Programa de Transición a la Televisión Digital Terrestre se entregaron televisiones digitales (HDTVs) a personas de escasos recursos. Sin embargo, el Senado de la República detectó algunas irregularidades por lo cual convocó a una junta con personal de la subsecretaría de comunicaciones y del IFT, ambos encargados de llevar a cabo el proyecto.
Es así como Mónica Aspe, subsecretaria de comunicaciones de la SCT y el pleno del IFT tendrán que responder al Senado ante los números reportados que no concuerdan con el impacto que el programa debió generar en la población. Entrando en detalles, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que la subsecretaría de comunicaciones de la SCT gastó 19,415'517,800 pesos en la compra de los dispositivos digitales para entregar, cifra que representa 43.7% más que los 13,502 millones de pesos reportados a los diputados.
Los recursos extra, continúa el informe de la ASF, se refieren a 11,288'004,100 pesos del Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones (FONCOS) y 8,127'513,700 pesos del programa presupuestario U003 “Apoyo a hogares de escasos recursos para transitar a la TDT”.
Por si fuera poco, las cantidades de televisiones compradas, resguardadas y entregadas no coinciden en absoluto. El reporte de la Auditoría dice que actualmente hay 194,553 televisiones resguardadas y al hacer la comparación con el número de unidades entregadas, el número de dispositivos resguardados debería ser de 206,778, revelando un faltante de 12,225 televisiones. Un desastre en cuestión de inventarios.
No se sabe cómo procederá el Senado ante estas irregularidades, aunque el primer paso para tomar una decisión es llevar a cabo la junta con el personal de ambas dependencias de gobierno.
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