Blue Origin, de Jeff Bezos, rechazó la decisión de la NASA de darle un contrato de 2,900 millones de dólares a Elon Musk y SpaceX para construir un módulo de aterrizaje como parte de la misión Artemis para viajar a la Luna.
Y es que la NASA originalmente tenía como objetivo elegir al menos dos empresas del sector privado para realizar la construcción de la base y la nave espacial que transportará a los astronautas a la superficie lunar, pero a principios del mes, la agencia espacial anunció que el elegido era SpaceX.
We are honored to be part of the @NASAArtemis team
— Elon Musk (@elonmusk) April 16, 2021
Bob Smith, CEO de Blue Origin, dio una entrevista a The Times en la que asegura que la decisión de la NASA fue errónea debido a que juzgó mal las ventajas de la propuesta de la compañía de Jeff Bezos y minimizó los desafíos técnicos que aún tiene SpaceX por delante. También dijo que la NASA había puesto un mayor énfasis en el costo final de lo que dijo que haría.
Es realmente atípico que la NASA cometa este tipo de errores. En general, son bastante buenos en adquisiciones, especialmente en sus misiones insignia, como devolver Estados Unidos a la superficie de la Luna. Sentimos que estos errores debían abordarse y corregirse.
La burla de Elon Musk en Twitter
Pero a Elon Musk no le gustó la crítica de Blue Origin y usó su Twitter para manifestarlo al compartir el artículo publicado en The Times. "No puedo ponerlo en órbita", escribió el dueño de SpaceX en su tuit con un toque de ironía.
Can’t get it up (to orbit) lol
— Elon Musk (@elonmusk) April 26, 2021
Blue Origin y SpaceX no fueron los únicos competidores que concursaron por construir la base lunar de la NASA. También se encontraba en concurso la firma Dynetics, con sede en Alabama, que también manifestó su descontento por la decisión.
Tanto Blue Origin como Dynetics argumentaron en sus quejas, presentadas ante la Oficina de Responsabilidad del Gobierno esta semana, que la NASA no había evaluado adecuadamente sus ofertas, presionando a la agencia espacial para que reconsidere.
El gobierno tiene 100 días, o hasta el 4 de agosto de 2021, para decidir si las protestas tienen fundamentos y darle reversa a la decisión.
