Telegram comienza a ceder ante la presión de los gobiernos internacionales y ya aceptó colaborar con investigaciones sobre posibles comunicaciones de criminales.
El servicio de mensajería anunció que va a compartir direcciones IP y números de teléfono de usuarios con autoridades, según una nota de Bloomberg, pero será solo en caso de que exista una solicitud judicial.
Pavel Durov está cuidando más sus pasos. Un mes después de su arresto en Francia, el CEO de Telegram anunció “cambios en los términos de servicio y política de privacidad” de la app de mensajería, señalada de ser un canal de comunicación que tolera actividades ilegales tan graves como la explotación sexual infantil.
A través de su canal en Telegram, Durov destacó la capacidad de Telegram para la "búsqueda de canales públicos y bots". Sin embargo, admitió que “personas que violan los términos de servicio para vender artículos ilegales, han abusado de esa característica”.
Informó que por ello, la compañía dejará atrás su negativa a proporcionar información sobre sus usuarios y comenzará a entregar direcciones IP y números de teléfono a los gobiernos. Ambos datos son indispensables para rastrear la actividad de un usuario cuando es sospechoso de delitos.
Canal de Telegram de Pavel Durov
Pero sabiendo que esa - antes estricta - política de privacidad es justamente lo que le da ventaja competitiva a Telegram, Durov quiso tranquilizar a los usuarios aclarando en qué casos entregarán la información:
“Hemos dejado claro que las direcciones IP y los números de teléfono de aquellos que violen nuestras reglas pueden ser reveladas a autoridades relevantes en respuesta a solicitudes legales válidas".
Este no es el primer cambio que hace Telegram tras el arresto de Durov. Este mes, la app deshabilitó las subida de nuevos medios en la herramienta blogs con el objetivo de frenar a bots y estafadores, según explica Bloomberg. También deshabilitó la localización de “Personas Cerca” de forma definitiva.
¿Por qué arrestaron a Pavel Durov?
Durov, multimillonario de origen ruso, fue arrestado a finales de agosto en París, acusado de no tomar medidas para frenar el uso delictivo de Telegram, de acuerdo con BBC. Días después se le concedió la libertad, luego del pago de una fianza de 5.56 millones de dólares.
Pero eso no significó un triunfo. El empresario no puede salir de Francia y está obligado a pasar lista ante la policía dos veces por semana. Además, según BBC, seguirá bajo investigación por los delitos de:
“Complicidad en la administración de una plataforma en línea para permitir transacciones ilícitas por parte de una banda organizada, negativa a comunicarse con las autoridades y complicidad en la distribución criminal organizada de imágenes sexuales de niños”.
Según explica el medio británico, aunque esto no lo conduce a un juicio por ahora, la justicia francesa sí considera que hay suficientes elementos para seguir investigándolo incluso por años.
Después de este encuentro con la justicia, Durov dijo a través de un comunicado que “es absurdo afirmar que una plataforma o su propietario son responsables de los abusos que se cometen en esa plataforma”.
Este argumento es muy común entre empresas tecnológicas que suelen deslindarse de cualquier responsabilidad por la actividad de sus usuarios. Sin embargo, el debate social y legal se mantiene: ¿hasta dónde debería llegar su papel en la moderación de los contenidos que puedan derivar en delitos de todos los niveles o que pongan en riesgo la seguridad física y mental de diversos sectores de la población?
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