El que Uber y empresas similares nieguen a sus usuarios poder pagar en efectivo, viola los derechos de independencia y accesibilidad de las personas con discapacidad. Esa es la resolución a la que ha llegado la Relatora Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Catalina Devandas, luego de que el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos denunciara intentos en estados por prohibir el pago con efecto en plataformas de transporte privado.
Hace no mucho Uber y compañía se colocaron en el ojo del huracán luego de que la Ley de Movilidad de Colima estableciera que aquellos servicios solo podrían establecer pagos a través del sistema bancario.
El problema, es que de acuerdo al Centro Latinoamericano de Derechos Humanos, las personas con discapacidades tienen una tasa mayor a la media, en cuando a exclusión financiera. Muchas de ellas tienen mayores dificultades para tener cuentas bancarias y tarjetas de crédito y débito, de manera que al no poder pagar con efectivo, potencialmente se les estaría restringiendo el servicio en mayor medida que a las personas sin discapacidades.
México debe adoptar estándares internacionales
Como respuesta, la recomendación de la ONU ha sido clara: "estas disposiciones, que eliminaron la posibilidad de pagar en efectivo servicios de transporte privado, parecen tener un impacto desproporcionado en las personas con discapacidad que, a su vez, perpetúan o exacerban la desigualdad".
Lo que prosigue es iniciar análisis más profundos de las consecuencias de las disposiciones sobre los grupos vulnerables, pero el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos ya exige que estados y empresas privadas se ajusten a lo establecido en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en donde se establece que se debe garantizar los derechos de las personas con discapacidad a tener acceso pleno al entorno físico y al transporte, en su artículo nueve.
Un nuevo informe se prepara con los avances y las respuestas que se den a la recomendación, mismo que será presentado a la Relatora al Consejo de Derechos Humanos.
Lo que comenzaba a vislumbrarse como un tema sobre el cual hasta la Suprema Corte de Justicia habría de pronunciarse, ha recibido la presencia de un nuevo actor, cuya postura poco relacionada con el negocio de Uber, parece que terminará por beneficiar a las plataformas de transporte privado.
Ver 8 comentarios