Aunque el congreso no ha retomado su periodo de sesiones ordinarias no está del todo quieto. La propuesta de la diputada Juanita Guerra Mena de Morena establece que los operadores de telecomunicaciones deben utilizar una plataforma para que la policía que investiga delitos tenga "acceso automatizado" a los datos de comunicaciones de un sujeto intervenido.
La propuesta que reforma los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión así como el 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que fiscales, procuradores y Guardia Nacional deben poder solicitar a operadores la geolocalización de los dispositivos. Una vez que ordene la geolocalización de un dispositivo por parte de un juez de control, los operadores "deberán atenderla de inmediato y con la suficiencia necesaria, o darán el acceso o la transmisión de las comunicaciones electrónicas de una persona".
Esencialmente, si un juez decide que la solicitud de entrega de datos conservados en la plataforma tiene justificación, entonces dará acceso a ella a la autoridad que esté investigando.
La nueva plataforma de análisis serviría para que la policía que investiga tenga acceso a los datos de tráfico de un equipo. Los operadores como Telcel, AT&T y Movistar, deben "colaborar de manera corresponsable, eficiente, efectiva y oportuna" con las instituciones de seguridad. Sin embargo, si los datos no sirven como medio de prueba, entonces la información debe ser eliminada.
"Será justificada la solicitud a que refieren los párrafos anteriores, cuando esté en peligro la integridad física o la vida de una persona o se encuentre en riesgo el objeto del delito, así como en hechos relacionados con la privación ilegal de la libertad, secuestro, extorsión o delincuencia organizada".
Documento propuesta en la Cámara de Diputados
Un mecanismo para hacer más efectiva la entrega de información
La entrega de la geolocalización por parte de operadores es un mecanismo que ya contempla la ley vigente, la propuesta lo que genera es un mecanismo específico para dar la información. Además, precisa cómo será el procedimiento para que fiscales y procuradores acudan a un juez para tener acceso a la ubicación digital de un equipo.
La iniciativa está en una etapa todavía muy temprana. Debe primero pasar por comisiones y en caso de ser aprobada subirse al pleno de la cámara. El documento además involucra al Instituto Federal de Telecomunicaciones, órgano que, propone, sería el responsable de construir la plataforma a través de la cual los operadores darían datos sensibles como la geolocalización de un equipo a la policía de investigación; no obstante, el presidente hoy mismo propuso desaparecer al IFT para que sus funciones sean absorbidas por el gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
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