Para muchos analistas del sector de Telecomunicaciones la licitación de la Red Mayorista o Compartida ha sido muy complicada, con múltiples retrasos y cambios en su forma. A pesar de ello, el proceso seguía adelante, hasta que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes anunció los resultados de su primera etapa.
En esa ocasión había comentado que uno de los consorcios que se habían formado para participar en la licitación, había quedado descalificado por no cumplir con los requisitos del concurso, días después el Consorcio Rivada anunciaba que se iba a amparar para lograr continuar en el juego.
El amparo ha sido ejecutado, pero ahora que se ha revelado más información se ha descubierto que el amparo emitido por el Consorcio Rivada no fue emprendido contra la SCT, sino contra la misma Ley de Telecomunicaciones.
Esto significaría que el amparo solicitado ha sido ejecutado en contra de las disposiciones de la propia Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión; que, de acuerdo a los expertos,** los juzgados no podrían resolver el conflicto**, si no la misma Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Esto significaría que el amparo solicitado deberá provocar la revisión del artículo décimo sexto transitorio de la Constitución Política en Materia de Telecomunicaciones. Esto debido a que incluso los jueces especializados podrían alegar incompetencia para resolver el alegato.
Significando que el curso de la licitación de la Red Compartida podría complicarse en caso de emitirse el fallo a favor del Consorcio Rivada. Retrasando incluso hasta un año más el concurso.
Mientras tanto la SCT continúa el proceso de evaluación de la oferta económica y de cobertura de ALTÁN, el único jugador que se mantiene en el concurso, y su dictamen según se tiene previsto se dará para el 17 de noviembre, a menos que pase algo durante los siguientes días.
Vía | El Financiero
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