La Fiscalía General de la República compró software para espiar masivamente teléfonos móviles en México, según un reportaje del periódico El País. Geomatrix, el software adquirido por la FGR, permite la geolocalización y análisis de datos masivos, y fue obtenido entre 2019 y 2020 por la fiscalía, con un costo de 5.6 millones de dólares en al menos cuatro contratos.
La documentación a la que ha tenido acceso El País señala que Neolinx de México es la compañía que sirvió como intermediaria entre la Fiscalía y la firma italiana Hacking Team, para la compra de Geomatrix. Además, según los detalles, la compra de este software no fue totalmente transparente por parte de la fiscalía, que lo habría adquirido bajo la materia de "gastos de seguridad nacional", por lo cual la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D) considera que su adquisición puede ser considerada "violatoria de derechos humanos".
Geomatrix, de nuevo en la mira
El reporte ahonda en Geomatrix, el software para espionaje masivo adquirido por la Fiscalía, y menciona que no es nuevo sino que anteriormente R3D había denunciado su uso para espionaje ilegal en 2018, específicamente para geolocalización de teléfonos móviles y análisis masivo de datos.
La compra de este tipo de software no es ilegal, detalla el reporte, y las autoridades justifican su adquisición para su uso en el combate de la delincuencia organizada. Sin embargo, eso no limita su uso de forma arbitraria para el espionaje ilegal, violando el derecho a la privacidad de los mexicanos.
Además de Geomatrix, el reporte de El País menciona la adquisición del software Echo-plataforma de consulta y análisis de datos masivos, con costo de 1.1 millones de dólares en un contrato de 2019 y de 1.7 millones de dólares en otro contrato de 2020. Este software, también desarrollado por la firma israelí Rayzone, es un sistema estratégico de inteligente de señales que "proporciona información amplia, diversa y en profundidad sobre usuarios globales de internet". Es decir, cualquier usuario de internet está a merced de este software, permitiendo la recopilación y análisis de información de forma encubierta.
El reporte de El País arroja que las adquisiciones de estos softwares y su manejo por parte de la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, no cumple con los controles judiciales aplicables y por lo tanto viola la privacidad de los usuarios de teléfonos móviles en México.
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