La Secretaría de Gobernación tiene en funcionamiento más de 29 mil equipos de cómputo, entre las áreas administrativa, operativa de la Policía Federal y del Órgano de Readaptación Social, no obstante casi el 60% de este total son viejas y obsoletas, así lo señala un reciente reporte.
Sin embargo, esto no es lo más increíble sino que el mismo reporte revela que el año pasado, entre los meses de enero a junio, se gastaron más de 150 millones de pesos en mantenimiento de estos viejos equipos de cómputo. Sí, a pesar de ser dispositivos cuya vida útil ha terminado, se pagó una cantidad millonaria por su mantenimiento.
Posible fraude
La verificación realizada por el equipo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revela que este gasto podría ser un fraude al erario público, ya que 17,476 unidades (59.7%) son del 2014 para atrás. Es decir que su vida útil estimada de tres años ha terminado, por lo cual no tendría sentido pagar por su mantenimiento, asegura la ASF.
En este punto es importante mencionar que según el Diario Oficial de la Federación, el tiempo de vida útil de este tipo de productos es de tres años, pero no especifican las características técnicas mínimas que los equipos deben tener.
Entonces, ¿dónde quedó todo el dinero? La Segob realizó el voluminoso pago de 156 millones 576 mil pesos a la compañía Mainbit SA de CV. Los auditores que realizaron la revisión consideran que el posible fraude tendría un valor superior a un millón de pesos pues tanto el pago de mantenimiento a equipos obsoletos como la compra de nuevos equipos con características menores a las establecidas por los lineamientos oficiales, no tiene justificante.
Además de todo esto, los auditores también descubrieron que seis sistemas informáticos encargados por la Segob no existen a pesar de que se realizó el pago correspondiente para su desarrollo. El pago de 46 millones 660 mil pesos se realizó a la firma Indra Sistemas México SA de CV, pero solo uno de los siete sistemas encargados está en desarrollo, a pesar de que la fecha límite de entrega fue diciembre de 2017.
Con esto, el fraude al erario público ascendería a 47 millones de pesos por el pago realizado sin cumplimiento de obligaciones.
La Auditoría Superior de la Federación ha solicitado a la Secretaría de Gobernación que se inicie la investigación correspondiente al caso y que se proceda contra los funcionarios que autorizaron los pagos para las firmas.
Imagen | Pixabay
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