Con el sismo que se vivió en algunos estados de México el 8 de septiembre, empezaron a aparecer problemas muy delicados donde se involucran a diferentes gobiernos, uno de ellos se vivió en Oaxaca donde contaban con muchos radios de alertamiento sísmico que nunca fueron repartidos, práctica que se repitió en otros lugares.
Ahora la historia no va con radios, pero sí con el Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México, Animal Político reporta que en 2016 en Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México fue víctima de un fraude, por dos diferentes empresas que se encargarían de dar el mantenimiento necesario a los equipos de la institución.
De 64 visitas en el año, solamente se realizaron 32
Las dos empresas involucradas son el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), una asociación civil sin fines de lucro y la firma privada MDreieck SA de CV., la idea era que cada una se hiciera responsable del mantenimiento de diferentes equipos del lugar, pero en lugar de hacer dos diferentes trabajos, solamente se realizó uno.
La manera en la que operaron era muy sencilla, un técnico se presentaba en el lugar, realizando el mantenimiento del equipo y al terminar entregaba dos comprobantes, uno por parte de CIRES y otro por MDreieck, provocando que de 64 visitas que se tenían planeadas en total, solamente se concretarán 32 en el año.
Los informes de las dos empresas vienen en diferentes hojas membretadas, pero muestran el mismo reporte, además de incluir el mismo álbum fotográfico en todas las visitas.
Al presentarle las diferentes pruebas al Tribunal Superior de Justicia, Israel Soberanis, titular de la Oficialía mencionó que el tema ya se encuentra en una investigación administrativa desde la primera semana de septiembre por parte de la Controlaría Interna del Tribunal, ya que es el área administrativa responsable en este tipo de casos.
El monto del fraude es menor al millón de pesos, pero el problema más grande es que CIRES y MDreieck tienen diferentes contratos con los gobiernos en los últimos siete años que suman por lo menos 475 millones de pesos, usando un esquema similar.
La investigación se realizó entre junio de 2016 y septiembre de 2017, hasta el momento ningún representante del Gobierno de la Ciudad de México ha dado una declaración al respecto.
Imagen | El Universal
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