Uber, Didi y Rappi aseguran que "el cobro del 2% sobre las comisiones a plataformas digitales de entrega y reparto a domicilio que utilizan la infraestructura es discriminatorio, discrecional y perjudicaría a consumidores y usuarios".
Así inicia el comunicado conjunto de los organismos empresariales Coparmex, Canirac y Concamin junto a las plataformas digitales DiDi, Rappi y Uber Eats sobre la implementación de este impuesto, que, según ellos, "impactaría negativamente" a todos los involucrados en este sistema: restaurantes, comercios y los propios repartidores.
En su posición, las plataformas y organizaciones expresan su "preocupación" por la posibilidad de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita un fallo en contra de un amparo que evita el cobro de este impuesto, al que califican como "meramente recaudatorio".
Además del impacto negativo, el comunicado menciona que, en caso de cobrarse, podría provocar una doble tributación. Es decir, las plataformas tendrían que pagar doble de impuesto, ya que las empresas de reparto que operan con aplicaciones pagan impuestos de IVA y ISR a nivel federal, y esta contribución sería únicamente en Ciudad de México.
También se señala que al ser un impuesto diseñado específicamente para las plataformas digitales, no afecta a otros servicios de entrega similares que compiten con ellas, lo que según su postura, sí impactaría en el mercado.
El uso de apps de reparto
En el comunicado también se proporcionan algunas cifras sobre las aplicaciones. Por ejemplo, según la UNAM, el 40% de los emprendimientos en el país son del sector restaurantero, y el 96% utiliza aplicaciones de entrega de comida y artículos a domicilio.
Esto implica que las entregas a domicilio representan el 20% de los ingresos de los restaurantes en México y el 70 a 80% de sus ventas en algunos casos, según la Canirac.
Tanto para las plataformas como para los organismos, la Suprema Corte debería "privilegiar los derechos de todos los beneficiados", evitando sesgos y discriminaciones, y los posibles impactos de esta contribución.
Como motivo, citan que se debe considerar no solo las necesidades de digitalización que tienen los restaurantes, sino también tener en cuenta las afectaciones que este impuesto puede tener en los repartidores del país, además de las ventas que podrían terminar afectándose, con consecuencias que también se trasladarían a los usuarios y consumidores.
Un impuesto con amparo
Recordemos que este impuesto fue aprobado por el Congreso de Ciudad de México en diciembre de 2021, para todas aquellas empresas tecnológicas de reparto y envío en la ciudad, en un cobro que no debía incluirse en la tarifa de los usuarios, por lo que debía ser pagado directamente por las empresas.
Unos meses después, el colectivo "Ni un repartidor Menos" interpuso un amparo ante la Suprema Corte, argumentando que era inconstitucional y que eventualmente terminaría impactando en sus ingresos generados.
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