La Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D) en varias ocasiones ha destapado irregularidades en diversos ámbitos del gobierno mexicano, entre los que podemos mencionar el número de personas que CISEN espió en 2014, espionaje a activistas mexicanos, espionaje a ciudadanos mexicanos, entre otras.
En esta ocasión, el órgano destapa otra más de las irregularidades del gobierno, sin embargo el espionaje deja de ser protagonista para dar paso a la posible manipulación de datos que entes gubernamentales han dado a conocer a la ciudadanía como de carácter oficial.
R3D ha revelado en su reporte titulado El Estirón de México Conectado que el gobierno de la república habría manipulando las cifras de penetración del programa México Conectado, iniciativa que nació cuando Enrique Peña Nieto tomó posesión de la presidencia del país con el objetivo de reducir la brecha digital en la población mexicana.
De hecho, fue a finales del año pasado cuando R3D dio a conocer que haría una evaluación de este programa y su efectividad, siendo estos los resultados obtenidos.
De 41 millones a 70 millones de personas conectadas en cuatro años, ¿verdad o mentira?
En un informe pronunciado el año pasado, el presidente de la república dio a conocer que la cantidad de mexicanos conectados a internet aumentó de 41 millones a 70 millones en los cuatro años que el programa lleva activo. Sin embargo, el mencionado reporte de R3D pone esto en duda señalando que este "incremento" se debería principalmente a un cambio metodológico impuesto a los organismos estadísticos encargados de llevar a cabo la recolección de datos del estudio.
En este caso, el INEGI es el órgano encargado de la recolección de información mediante la Encuesta Nacional sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de la información en los hogares (INDUTIH), pero con un cambio en el cuestionario base es que se reporta un incremento de 13% en la encuesta realizada en 2015, porcentaje mayor al promedio anual de las cuatro ediciones anteriores del estudio.
Con la aparición de dos nuevas preguntas, 3.8 de la sección III y 7.1 de la sección VI, en la encuesta ya modificada que se aplicó en 2015 es que aparece este porcentaje adicional, pero que no corresponde a un justo muestreo sino que habrían sido puestas para condicionar los resultados a la alza en cualquier situación.
Es entonces que salta a la vista la incongruencia de los resultados dados a conocer por el gobierno federal. En este caso, el INEGI, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los tres órganos gubernamentales involucrados en la aplicación de los cambios, son los que deben aclarar el proceso de la metodología para así salir de dudas y poner sobre la mesa los datos de forma transparente.
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