Dos semanas después de que la iniciativa de la Secretaría de Hacienda se hiciera pública, para gravar de manera rigurosa con IVA a grandes empresas tecnológicas, Google, Facebook, Twitter y otras más se pronuncian a través de la organización ALAI, y aunque están a favor de que haya un esquema de recaudación fiscal que les incluya, están frontalmente en contra de las sanciones que incluyen la desconexión de sus servicios.
Son, aseguran, medidas que violentan derechos humanos.
En el paquete económico para 2020 se incluye que las empresas tecnológicas que ofrezcan servicios de paga en México deberán tener un representante con domicilio en el país, mismo que deberá encargarse de las tributaciones de IVA al SAT. En caso de no hacer el proceso de registro del representante, o no hacer los pagos correspondientes de IVA mensualmente, la iniciativa concede al SAT la habilidad de que solicitar a proveedores de internet den de baja el servicio de las empresas tecnológicas.
El asunto ha levantado alarmas también para especialistas. Hace unas semanas el analista Gonzalo Rojo de The CIU decía a Xataka México que "el gobierno no tiene tiempo para hacer ese tipo de cosas [...] nos convertiríamos en China por estar bloqueando servicios".
La ALAI liberó un comunicado este lunes 23 de septiembre en el que asegura que la sanción "atenta contra la anturaleza abierta de internet". Simultáneamente, Lina Ornelas, Jefa de Política Pública y Asuntos Gubernamentales de Google México dijo en entrevista con W Radio que sanciones similares son típicas de países no democráticos.
"Eso es muy grave porque lo hacen países no democráticos, lo ha hecho Turquía, la tentación la tiene todo el tiempo Rusia. Consiste en suspender temporalmente la conexión de un servicio".
Lina Ornelas
"Totalmente excesivo y fuera de lugar"
La ALAI busca que la medida que fue catalogada por Ornelas como "excesiva y fuera de lugar" sea reconsiderada. "Urgimos a las autoridades a revisar nuevamente la proporcionalidad de esta sanción para lograr que la ejecución de las medidas fiscales sea justa [...] sin perjudicar derechos de los usuarios mexicanos".
Para ello, aunque Ornelas aceptó que han tenido contacto con la Secretaria de Hacienda, también reconoció que no han participado en la discusión de su propuesta en el paquete económico para 2020.
A decir de Ornelas, hay una percepción general sobre que Google y compañía se han negado a formar parte de los nuevos esquemas fiscales globales que les incluyen, pero, asegura, Google está abierto a contribuir con correspondiente pago de IVA. Hasta el momento 48 países han establecido medidas para cobrar el impuesto al valor agregado basadas en las discusiones globales.
Aunque el reconocimiento de que empresas tecnológicas deben pagar el IVA en los territorios donde operan, hay discusiones vigentes sobre el ISR, impuestos especiales, y cómo evitar que haya doble tributación por parte de las empresas. De ahí que la propuesta del Senador Monreal (otra más que se discute en el congreso ahora mismo) propone de momento solo gravar a plataformas digitales de streaming con IVA y dejar la discusión del resto de servicios para dentro de un año.
Ornelas ha sido tajante: de aprobarse la propuesta de Hacienda como fue presentada, se estaría violando la Convención Americana de Derechos Humanos, al potencialmente estar negando derechos de información a usuarios de internet.
"Si se empieza a poner en iniciativas de ley empieza a existir esta idea de que sí se pudiera hacer, y no hay manera de que se pudiera lograr sin violentar derechos y libertades"
Lina Ornelas
La imposibilidad técnica de la desconexión
Rojo ya apuntaba que la desconexión de servicios en específico podría ser "virtualmente imposible". No es que, explica, proveedores como AT&T, Telmex y Telcel tengan contratos específicos con desarrolladores de apps, software, y empresas como Netflix, por la conexión que les permite operar.
Ornelas fue un poco más vocal al respecto en su entrevista.
"A veces las IP están agrupadas y cuando tú bajas un sitio a lo mejor te llevas muchísimos otros enmedio" dice. Así, la postura oficial de Google es que el gobierno de México no podría diferenciar entre IP específicas por cada servicio.
Si además un proveedor de servicios de internet se negará o no pudiera hacer el corte de conexión, se harían acreedores a multas que pueden ir de los 500,000 pesos hasta el millón.
Mientras las conversaciones avanzan, Google ha manifestado ya su voluntad de participar en las conversaciones que se están dando en el Congreso, solo para aportar a la discusión sobre la proporcionalidad de la sanción, sino para entender el ecosistema tecnológico, los distintos modelos de negocios y cómo construir una ley que evite ambigüedades que eventualmente puedan convertirse dificulten la recaudación a empresas.
El paquete económico deberá estar aprobado en su totalidad por ambas cámaras del Congreso a más tardar para el próximo 15 de noviembre.
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