Cometer delitos utilizando drones en México podría ser castigado con hasta 53 años de prisión, según plantea una nueva iniciativa presentada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ante la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados.
Esta propuesta tiene como objetivo modificar tanto el Código Penal Federal como la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. En el caso del primero, se pretende establecer sanciones adicionales (conocidas como agravantes) para los delitos cometidos con drones o "vehículos aéreos no tripulados". Entre estos delitos se incluye atentar contra bienes o servicios, la integridad, la vida de las personas, o hasta la seguridad nacional.
En relación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se propone incluir en la reglamentación el uso de drones, específicamente cuando se empleen para transportar, activar o detonar explosivos que son de uso exclusivo de las fuerzas armadas del país. Con esta adición, se pretende establecer un marco jurídico adecuado para evitar la impunidad en este tipo de delitos.
Justificando la reforma
Los argumentos que respaldan esta reforma se basan en el creciente uso de estos "artefactos tecnológicos", los cuales han experimentado una amplia adopción debido a la disminución de sus costos, haciéndolos más accesibles para la mayoría de personas.
El documento también señala que existen organizaciones delictivas que utilizan drones adaptados para transportar explosivos, mismos que son lanzados a personas, utilizados en enfrentamientos o contra autoridades, en el transporte de droga y hasta fines de espionaje.
Delitos con drones, igual a más años de cárcel
Entre los artículos que la iniciativa busca reformar está el artículo 139 del Código Penal Federal, que actualmente establece que por usar aeronaves tripuladas "para cometer conductas delictivas", se pueden dar entre 15 y 40 años de prisión. Con la reforma, si se usan drones, los castigos podrían aumentar hasta en un tercio, es decir, llegar a los 53 años.
Otra de las modificaciones que aborda el artículo 163 bis del Código, donde la reforma busca establecer entre 10 y 20 años de prisión por emplear drones para arrojar objetos o artefactos explosivos (improvisados o armas), además de sustancias químicas que se puedan usar como explosivos contra personas o bienes, o si estas impactan en personas o propiedades con el propósito de causar daño.
Las reformas abordan incluso el uso de drones para vigilar actividades de servidores públicos, conocer o reportar su ubicación, ya sea para evadirlos o agredirlos.
En el caso de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la reforma busca incluir a los drones como exclusivos para el uso del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, si estos se usan para transportar, activar y detonar explosivos.
Los drones, la delincuencia y hasta la guerra
La iniciativa también recopila algunos de los casos en los que se han utilizado drones en México por parte de grupos delictivos.
Por ejemplo, está el caso de Baja California en julio de 2018 donde un dron cayó en la propiedad del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, con dos granadas de fragmentación desactivada.
También está el de Michoacán en abril de 2021, cuando la delincuencia organizada atacó a policías estatales que estaban usando drones cargados con explosivos. En este mismo estado se documenta otro caso ocurrido en enero de 2022, en el que se arrojaron explosivos usando drones sobre varias comunidades como parte de una campaña de intimidación.
El documento incluso menciona el caso de Ucrania y Rusia, conflicto donde se ha documentado el uso de drones, empleándolos para detectar posiciones enemigas y lanzar ataques, aunque también son usados en actividades de vigilancia y seguimiento para conocer los movimientos de las autoridades.
La necesidad de un marco legal
En esta iniciativa se acepta que México no cuenta con controles suficientes para el buen uso de los drones, garantizar la seguridad de la sociedad ni su integridad física. Por esto, la reforma busca establecer sanciones para evitar este tipo de conductas, que pueden poner en riesgo la vida de las autoridades y de la población en general.
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