El propósito de la iniciativa de la diputada Juanita Guerra parece de lo más inocuo: que extorsionadores por teléfono dejen de poder utilizar los mismos equipos una y otra vez. Para hacerlo, en el documento de la diputada del grupo parlamentario de Morena se lee que operadores como Telcel, AT&T y Movistar deberán proveer a la Fiscalía General una lista mensual de los números presuntamente utilizados para realizar extorsiones.
La clave está en la palabra "presuntamente". El documento no habla de procedimientos, pero sí establece que concesionarios deban dar a la fiscalía general los listados de números reportados para uso de extorsiones y, acto seguido, la fiscalía deba obligar a la cancelación no solamente de los números, sino incluso de los smartphones utilizados, con ayuda de los IMEI.
El número de extorsiones telefónicas cometidas en México es una cifra negra. El problema es profundo, difícil de denunciar y mucho más difícil de conseguir persecución o condena. El caso más mediático reciente es el de las apps "montadeudas" por el que empresas en CDMX fueron desmanteladas no sin antes defraudar a miles de usuarios que fueron extorsionados con imágenes, acoso y difusión de imágenes alteradas y videos privados. Según un reporte del Consejo Ciudadano, las extorsiones telefónicas crecieron en un 90% de 2012 a 2018.
Castigo inmediato
De ahí que el destino de la iniciativa de la diputada Guerra parezca de lo más loable. No obstante, el texto sugiere que toda línea telefónica reportada al 089 deberá ser cancelada en México. Sin investigación de por medio. Sin comprobación del crimen alguno.
Además de la falta de procedimientos, el texto retoma herramientas del extinto RENAUT de 2009 y, más recientemente, por el PANAUT de 2021, el registro que pretendía integrar datos personales y biométricos de un mexicano a su línea telefónica. En específico, la diputada Guerra propone que los concesionarios deberán recibir credencial de identificación a cambio de conceder una línea telefónica. La iniciativa no parece haber tomado en cuenta los análisis de Red por la Defensa de los Derechos Digitales (R3D) que antes ha argumentado en contra del RENAUT y del PANAUT que reglas de identificación darán paso a mercado negro de SIMs o extorsión con ayuda de números extranjeros.
Para R3D nunca ha sido justificable recabar datos personales de forma masiva a cambio de que usuarios puedan acceder a sus derechos de información y comunicación (por solo mencionar algunos) a través de poseer una línea telefónica. Por el contrario, generar una gran base de datos es un riesgo latente de vulneración de datos personales de las decenas de millones de personas que tienen una línea en México.
"(La fiscalía deberá) solicitar y recibir de las personas concesionarias de telecomunicaciones, así como de las personas autorizadas y personas proveedoras de servicios de aplicación y contenido, la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil y los datos conservados, en los términos de las disposiciones aplicables, requiriendo periódicamente, la cancelación del servicio de líneas de comunicación movil reportadas al 089, de conformidad con los convenios y mecanismos correspondientes para estos fines;"
Texto de la iniciativa de la diputada Guerra
Registro de las líneas de prepago
La propuesta de la diputada Guerra es tajante: para que todo lo anterior pueda cumplirse, las líneas telefónica de prepago en México que no estén vinculadas a datos personales de la identificación oficial deberán ser dadas de baja. El periodo propuesta que tienen los usuarios de prepago para dar sus datos es de un año.
La iniciativa todavía está en una etapa muy temprana y podría recibir modificaciones. Dada la falta de claridad que tienen algunos párrafos y que el PANAUT fue declarado como inconstitucional en México, es poco probable que el texto avance tal y como está escrito. Su eliminación, sin embargo, no está garantizada. Después de todo, si la historia que dejó el RENAUT fuera tan efectiva, jamás habría existido un segundo episodio que fuera a dar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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