Un nuevo informe de Amnistía Internacional pone a los fabricantes de vehículos eléctricos bajo escrutinio. Esto debido a posibles violaciones a los derechos humanos en su cadena de suministros.
El reporte titulado Recharge for Rights analizó a 13 fabricantes de automóviles en cuanto a su manejo de riesgos relacionados con los derechos laborales y humanos. BYD quedó en el último lugar, con una puntuación de solo 11 de los 90 puntos posibles, mientras que Mercedes-Benz fue el mejor ranqueado con 51 puntos.
La investigación destacó la falta de transparencia de los fabricantes de vehículos eléctricos. En varios casos las marcas se niegan a revelar detalles cruciales sobre minas, fundiciones y refinerías de las que obtienen minerales esenciales como cobalto, litio y níquel.
Estos materiales son clave para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos, y también están ligados a prácticas laborales abusivas. Estos casos se dan especialmente en países como República Democrática del Congo, que genera hasta el 70% del cobalto mundial, seguido de Rusia y Australia. Según el informe, en estas regiones, incluso niños podrían estar trabajando en condiciones peligrosas para abastecer la creciente demanda de la industria.
Fabricantes como Mitsubishi, Hyundai y Geely también fueron señaladas por su aparente falta de compromiso con la transparencia. Tesla, con puntuación de 49, mostró el segundo mejor desempeño, aunque Amnistía Internacional dejó claro que incluso las empresas mejor calificadas tienen mucho por mejorar.
Estas son las 13 marcas señaladas y su respectiva puntuación según el análisis de Amnistía Internacional:
- Mercedes-Benz, 51
- Tesla, 49
- Stellantis, 42
- VW, 41
- BMW, 41
- Ford, 41
- GM, 32
- Renault, 27
- Nissan, 22
- Geely, 22
- Hyundai, 21
- Mitsubishi,13
- BYD, 11
La industria de los vehículos eléctricos se encuentra en una encrucijada
Desde julio, nuevas regulaciones en Europa, Estados Unidos y Japón exigen que las empresas garanticen condiciones laborales justas y sostenibles en toda su cadena de producción.
Los fabricantes de vehículos eléctricos que no se adapten a estas normativas podrían enfrentar sanciones económicas de hasta el 5% de sus ingresos globales, así como restricciones en mercados clave, según Wired.
La creciente presión internacional obligaría a los fabricantes a adoptar medidas más estrictas. Sin embargo, los consumidores también tendrían que preguntarse si sus elecciones reflejan un compromiso con un futuro más justo, no solo más verde.
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