Los operativos contra Uber parecían ser cosa del pasado, pero en San Luis Potosí el problema continúa. La autoridades estatales han declarado que el servicio no está autorizado en la región y, por lo tanto, pueden detener los vehículos de los conductores.
Al menos esa es la postura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de San Luis Potosí. Según la SCT, ni Uber ni otra plataforma de transporte por aplicación, como Didi o Cabify, están registrados para operar en el estado. Esto se traduce en que no pueden prestar sus servicios en cualquier parte de la entidad.
De acuerdo con El Universal, en una declaración de la titular de la SCT, Araceli Martínez indicó que "se está trabajando tal y como la ley lo establece. Sin embargo, su argumento no se centra en Uber, sino en las personas particulares que dan transporte público sin estar registradas, ya que esto "amerita una sanción administrativa y la retención del vehículo, así como darle vista a la Fiscalía".
Dicho de otra forma, ya que Uber no está registrado en el estado, sus conductores son considerados como particulares y están cometiendo una falta al transportar personas y cobrar por ello.
Un problema de registro
En términos simples, el problema radica en un tema de registro. Plataformas como Uber están permitidas en San Luis Potosí de acuerdo con la Ley de Transporte, pero entre los requisitos para que operen los socios conductores deben estar registrados ante la SCT.
Esto es porque, según las leyes en SLP, al transportar a particulares, es decir, a los usuarios, y cobrar por esta actividad, se ofrece un servicio de transporte público. Esto es algo que únicamente se puede realizar si los vehículos se encuentran registrados.
Martínez Acosta dice que la necesidad de que las plataformas estén registradas se debe a un tema de seguridad para los usuarios. Esto permite saber quiénes son los socios conductores y tener certeza ante cualquier situación, como un delito o denuncia que se deba realizar.
Según la titular de la SCT, aunque los conductores de las plataformas aseguran pagar cuotas a sus compañías para cumplir con lo establecido en la legislación, estos fondos no llegan a la dependencia, ya que no existe un registro en el estado.
Los antecedentes del problema
El conflicto entre Uber, taxistas y el gobierno estatal en San Luis Potosí no es nuevo. Desde 2019, la compañía inició el registro de sus conductores para operar de forma legal en la entidad, un proceso que completó en julio de ese mismo año.
Entre los requisitos para su funcionamiento, se estableció que la aplicación no podía cobrar en efectivo. Además, para cumplir con las aportaciones a la ley, se incluyó un cargo de "Contribución Gubernamental" del 1.5% para cada viaje iniciado en el estado.
En 2022, un juzgado federal otorgó un amparo a Uber contra algunos de los artículos establecidos por la SCT. Entre estos estaba el registro de conductores, la prohibición de realizar cobros en efectivo, el subarrendar vehículos, además de otros requisitos sobre el valor y la antigüedad de los autos para usarse en el servicio.
El proceso legal eventualmente llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en enero de 2024 declaró ilegales algunas de las disposiciones, entre ellas, la del registro obligatorio de socios conductores.
Por el momento, la titular de la SCT no indica que Uber no pueda operar en el estado, sino que sus declaraciones se centran en los usuarios particulares. Estos no pueden ofrecer servicios de transporte por su cuenta, ya que para eso deben estar registrados ante la SCT.
A petición de comentarios de Xataka México, esta es la postura de Uber al respecto:
"Uber ingresó un recurso de amparo contra diversos artículos de la legislación potosina que establecen conceptos que ya han sido declarados inconstitucionales por tribunales federales, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación".
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