JUMP de Uber se queda sin scooters en CDMX, pero tendrá casi 2,000 bicicletas eléctricas compartidas

Hace poco les contamos de JUMP, el servicio de bicis y scooters compartidos con el que Uber quiere competir en México. La próxima semana conoceremos los detalles oficiales del servicio, pero hasta el momento descartamos su llegada a Ciudad de México por los polémicos permisos anuales con los scooters.

De manera muy discreta, la empresa intentó hacerse de 1,900 bicis en Ciudad de México, pero al final Mobike fue la empresa que logró la mejor oferta, aunque perdieron los permisos por no realizar el pago. El 2 de agosto inició un proceso extraordinario, donde Uber ahora sí logró conseguir el permiso para operar con esas bicis.

Más de ocho mil patines y bicis en la capital

Para el 7 de agosto prepararon otro proceso extraordinario, pero directamente para los scooters. Se confirmó que JUMP también participó por los derechos de 1,700 scooter, pero no lograron obtenerlos. Andrés Lajous, titular de la Secretaría de Movilidad de Ciudad de México (Semovi), confirmó que Bird logró conseguir los permisos que dejó libres Lime tras no pagar la contraprestación solicitada.

Bird propuso pagar una contraprestación de 9,450,000 pesos por los permisos de todos los scooters. La empresa tendrá como fecha límite el 22 de agosto para realizar el pago y así recibir todos los permisos un día después para operar con normalidad.

Con ese proceso, la ciudad tendrá 3,500 monopatines eléctricos, para lograr cumplir el compromiso establecido en el Plan Estratégico de Movilidad 2019. No olvidemos que Grin decidió dejar de operar de manera temporal en Ciudad de México después del robo de sus unidades.

Respecto a las 2,400 bicicletas sin anclaje que dejó libre Mobike al no pagar, la empresa Motun pagará 3,200,000 pesos por 2,000 unidades, mientras Debza se queda con 900 bicis, al pagar 560,000 pesos por 400 unidades más, dejando un total de 4,800 bicis asignadas en todo el proceso.

Para finalizar, Movo decidió no participar en el proceso al señalar que la regulación exprés “no trae beneficios sociales ni al medio ambiente”, pero reiteran que siguen operando con normalidad, bajo el juicio de amparo que sigue en curso.